Comité para la abolición de las deudas ilegítimas

 Cuestiones geoestratégicas y militares de Estados Unidos en las Galápagos

Cuatro artículos nos permiten reflexionar sobre el impacto, y su gravedad, de esa dimensión geoestratégica que pesa actualmente sobre las Islas Galápagos y en forma más amplia sobre Ecuador.

— «Galápagos: ¿de patrimonio de la humanidad a portaviones de EEUU?», publicado por Eduardo Tamayo G. , Helga Serrano Narváez, el 2 de julio de 2019, en la web de ALAI (América Latina en Movimiento), https://www.alainet.org/es/articulo/200761
— «Lo que hay detrás de la nueva base militar estadounidense en Galápagos» por Nicolás Hernández y «Ecuador entrega Islas Galápagos para construir base militar estadounidense» publicado el 16 de diciembre de 2024 en la web de telesurtv.net, https://www.telesurtv.net/lo-que-hay-detras-de-la-nueva-base-militar-estadounidense-en-galapagos/; https://www.telesurtv.net/ecuador-entrega-islas-galapagos-para-construir-base-militar-estadounidense/
— «La estrategia del Teatro, para inducir el Plan Ecuador» del escritor artista Hugo Idrovo, publicado en su web el 1 de marzo de 2023, https://www.hugoidrovo.com/2023/03/01/la-estrategia-del-teatro/

Estados Unidos quieren conservar su control sobre América Latina, reforzar su hegemonía frente a las influencias rusas, chinas y de regímenes no alineados como la Venezuela de Maduro. La voluntad de retomar el control directo del Canal de Panamá declarada por el presidente Trump [1] no puede ser extraña a esta creciente presencia. Estados Unidos quiere asentar su imperio comercial, financiero y militar. Los autores y autora de esos artículos insisten también sobre cómo los discursos oficiales en Ecuador desdibujan las pistas, borran ese contexto geoestratégico primordial, condicionado por unas relaciones internacionales desequilibradas, justificando la sumisión de la política nacional a los dictados financieros estadounidenses y la ocupación militar más o menos secreta de Estados Unidos en el territorio ecuatoriano. Efectivamente, esa situación de crisis controvertida trata de legitimarse por medio de discursos tramposos que utilizan las urgencias climáticas, la necesidad de preservar la biodiversidad y también los imperativos de seguridad como la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico, la violencia generalizada pero, al mismo tiempo, mantener la inseguridad. Es necesario crear un «estado de guerra permanente», inundar de armas importadas América Latina… El control represivo de las migraciones, de las actividades económicas juzgadas ilegales como las de los activistas ambientalistas, de los derechos humanos y de los opositores políticos criminalizados, se hace, cada vez más, de forma brutal y frecuente.

Complementaremos la síntesis de estos artículos con la intervención de Andrés Arauz [2], experto geopolítico ecuatoriano, candidato a la presidencia, en la cadena de internet Ino.Ec., el 29 de diciembre de 2024,
https://www.youtube.com/watch?v=DzJ5aa5zjfE, en la que explica «como el presidente actual Daniel Novoa ha entregado Ecuador a Estados Unidos, mediante la firma del SOFA, Statuts Of Forces Agreement, que permite la instalación efectiva militar de Estados Unidos, no solo en las Galápagos (considerada más oficial o mediáticamente controvertida, desde diciembre de 2024) sino también en la costa, en los puertos de Manta y Guayaquil. Ese acuerdo de cooperación permite la ocupación y un control de seguridad reforzado por las Fuerzas armadas estadounidenses y civiles del Pentágono en todo el territorio ecuatoriano, con total impunidad, y en flagrante contradicción con el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana, que prohíbe desde 2008 cualquier instalación militar extranjera en el país.

 A. La historia de los desafíos militares estadounidenses en las Galápagos

En «Galápagos: ¿de patrimonio de la humanidad a portaaviones de Estados Unidos?», publicado el 17 de enero de 2020, en Internet, Eduardo Tamayo G. y Helga Serrano Narváez se basan en los archivos históricos, de 1988 a 2022, y sobre informaciones documentadas sobre los procesos sociopolíticos y económicos de una América Latina en movimiento. Tamayo y Serrano Narváez muestran que Estados Unidos siempre quiso apropiarse de las Islas Galápagos por razones geoestratégicas y militares regionales, y que los gobiernos ecuatorianos, neoliberales, utilizaron numerosos pretextos para autorizar su ocupación militar en el país, incluidas las reservas naturales protegidas.

Fue una consecuencia de esa visión de Estados Unidos, que deriva de la «Política de buen vecino» o de su «Doctrina Monroe». A partir de la Segunda Guerra Mundial, una de las islas fue ocupada militarmente y gratuitamente por las fuerzas armadas estadounidenses durante 7 años.

Para saber más sobre la doctrina Monroe y la política extranjera de Estados Unidos en el siglo XIX y comienzos del siglo XX, véase: Éric Toussaint, «EEUU, el sheriff de las Américas al servicio del capitalismo. Pequeño recordatorio sobre la política de los Estados Unidos en relación a sus vecinos de América» publicado el 28 de septiembre de 2016, https://www.cadtm.org/EEUU-el-sheriff-de-las-Americas-al

De todas maneras, la nueva reforma constitucional del Presidente Correa había conseguido, en 2008, la redacción del artículo 5, que continúa en aplicación, y que afirma que «Ecuador es un territorio de paz que prohíbe cualquier presencia militar (base o instalación con fines militares extranjeros) en el territorio ecuatoriano y prohíbe cualquier cesión de bases nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras»

  1) Los acuerdos secretos de MORENO, continúan activos

Sin embargo, su sucesor, Lenin Moreno (presidente de 2917 a 2021), aconsejado en ese sentido por su Ministro de Defensa pro-estadounidense, Oswaldo Jarrín, firmó secretamente acuerdos de cooperación con Estados Unidos que permitían a las fuerzas armadas estadounidenses utilizar el aeropuerto de la isla San Cristóbal de las Galápagos. Cuando declaró que «las Islas Galápagos son un portaaviones natural de las fuerzas armadas estadounidenses», la opinión ecuatoriana quedó en shock, pero Moreno, consiguió justificar la ampliación del aeropuerto de la isla, para autorizar «la permanencia, el reaprovisionamiento y la facilidad de intercepción de las fuerzas armadas estadounidenses a partir de las Galápagos», pretendiendo que era «para luchar más eficazmente contra el narcotráfico y la pesca ilegal, que Ecuador no podía conseguirlo solo, sin sus aliados estadounidenses, y que cada operación estaría escoltada por oficiales ecuatorianos». Oswaldo Jarrín y Norman Wray, el presidente del Consejo del Gobierno del Régimen especial de las Galápagos, pretendían que no había, propiamente hablando, bases militares estadounidenses en las Galápagos y que respetaban la Constitución. En realidad, Lenin Moreno estimaba que el concurso de los estadounidenses era necesario, que se necesitaba incluso una cooperación con ellos, cooperación ampliada con Perú, Chile y Colombia para adoptar una postura regional, que permitiera una mejor vigilancia aérea y marítima estadounidense en la región, en un contexto geopolítico más amplio. De esa manera, Ecuador se sometía a las estrategias militares de Estados Unidos que tienen por objetivo el control de América del Sur y de su zona del Pacífico para asegurar sus intereses y objetivos imperiosos que son:
— Intervenir en Venezuela.
— Controlar el Canal de Panamá.
— Combatir el narcotráfico.
— Impedir el flujo migratorio hacia Estados Unidos proveniente de América Central.
— Contener las influencias rivales, tanto de Rusia como de China.

La presencia militar estadounidense era tolerada en las Galápagos, y también en las ciudades costeras y puertos como Guayaquil y Manta, formando «un triángulo de seguridad» según el diario El Comercio del 19 de junio de 2020.

El Ministro de Defensa Oswaldo Jarrín tuvo un papel importante durante su larga carrera política al servicio de los intereses estadounidenses, en la subordinación del gobierno ecuatoriano a la geoestrategia política y militar de Estados Unidos. El 15 de enero de 2003, Jarrín había sido nombrado por Lucio Gutiérrez (presidente ecuatoriano de 2003 a 2005), jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas hasta el 18 de junio de 2003, día en que tuvo que abandonar su puesto después de un rumor de tentativas de desestabilización del gobierno nacional. El periodista Kintto Lucas , en «Ecuador, Cara y Cruz, tomo 2» mostraba la relación estrecha que unía a Oswaldo Jarrín con James Hill, jefe del Comando Sur de Estados Unidos. Una vez derrocado Lucio Gutiérrez, a causa de la rebelión popular de 2005, el presidente Alfredo Palacio lo designó Ministro de Defensa el 19 de agosto de 2005 y estuvo en ese cargo hasta el 29 de agosto de 2006. Durante los levantamientos de los movimientos sociales, Jarrín preconizaba «la formación de una fuerza de paz con la intervención de un poder militar exterior para retornar la paz al país, el orden y la construcción de la nación». Jarrín declaró «Nosotros tendremos posiblemente otro Haití en Ecuador». Por lo tanto, estaba a favor de los acuerdos de cooperación militar entre Ecuador y Estados Unidos, con el pretexto de la lucha contra el narcotráfico, y permitió la instalación oficial de una Oficina de Cooperación y de Seguridad (OCS) en territorio ecuatoriano. Las OCS forman parte de la Agencia de Seguridad de la Defensa estadounidense. Todas las actividades internacionales de cooperación en materia de armamento y de actividad de vigilancia de seguridad estadounidense fueron posibilitadas por medio de la presencia de la OCS.

 2) Los malos recuerdos del FOL de Manta

Retornamos diez años atrás, cuando el FOL (Forward Operating Location-Puesto de operación avanzada) de Manta estaba todavía activo Activo En general, el término “activo” hace referencia a un bien que posee un valor realizable o que puede generar ingresos. Por el contrario, hablamos de “pasivo”, es decir la parte del balance compuesta por los recursos de los que dispone una empresa (capital propio aportado por los socios, provisiones por riesgos y gastos, así como las deudas). en Ecuador hasta que, bajo la presión de movilizaciones y de organizaciones sociales, el Presidente Rafael Correa rechazó la renovación en 2009 de la convención firmada entre Ecuador y Estados Unidos en 1999, que autorizaba su presencia en Ecuador, fuertemente cuestionada. Efectivamente, el FOL superaba de lejos las prerrogativas que el gobierno ecuatoriano le había acordado y fue el objeto de numerosas denuncias en relación a la arbitrariedad de sus acciones militares en Manta: barcos ecuatorianos hundidos, controles migratorios violentos, perturbaciones en la actividad de los pescadores ecuatorianos, contrato con la compañía Dyn Corp que, a su vez, contrataba ilegalmente mercenarios de otros países. Además, Javier De Lucía, comandante del FOL de Manta, admitió que tenía un papel estratégico importante en relación al plan Colombia, en la vigilancia del conflicto colombiano. De Lucía contribuyó igualmente en el bombardeo de Angostura, en la provincia ecuatoriana de Sucumbios, ejecutado por militares colombianos y estadounidenses, en 2008, donde murió el dirigente de las FARC, Raúl Reyes, así como 25 guerrilleros y civiles, refugiados en ese campamento de Ecuador.

Esos acuerdos de cooperación, más o menos secretos, entre los ministerios ecuatorianos de Relaciones Exteriores y de Defensa y Estados Unidos finalmente fueron cuestionados y la presión popular exigió una clarificación ante la Asamblea Nacional.

 B) Intensificación Militar Estadounidense en las Galápagos en2024 y los Falsos pretextos utilizados para justificarla

Actualmente, nos encontramos en una situación similar donde la ciudadanía ecuatoriana se plantea, cada vez más, el cuestionamiento de la injerencia militar y de seguridad estadounidense, que no cesa de crecer, en su territorio. Una base militar, ¿se está por reinstalar en las Galápagos? ¿Y en Manta, en Guayaquil o en otros lugares? Parecería que, en primer lugar, la protección y la conservación del medio ambiente, en segundo lugar, la lucha contra el narcotráfico y en tercer lugar, la necesidad de fuerzas extranjeras para garantizar la seguridad nacional son pretextos utilizados por el gobierno ultraliberal y proestadounidense del presidente ecuatoriano Noboa para justificar la puesta en marcha de las estrategias militares y económicas de Estados Unidos en Ecuador.

 Primer pretexto: la protección de los recursos naturales en Ecuador.

El Archipiélago de las Galápagos es reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco desde 1978 por cuatro razones: 1. Ese lugar alberga fenómenos naturales y zonas de belleza extraordinarias. 2. Presenta características y procesos de geomorfología interesantes. 3. Ilustra la evolución de procesos biológicos, de ecosistemas y de especies (a veces únicas y amenazadas de peligro de extinsión) y de su diversificación. 4. Está en el fundamento de la teoría de la evolución de las especies de Darwin.

Marcela Aguiñaga Vallejo, exministra de Ambiente, Agua y Transición Ecológica, miembro de la Asamblea de la Revolución ciudadana, en una emisión en TeleSur «Clave Política», el 20 de junio de 2019, alertaba, no obstante, sobre los graves riesgos ambientales que representa esa militarización estadounidense de las Galápagos. La ampliación del aeropuerto autorizado por Moreno y las numerosas operaciones militares nocturnas ocasionaron ruido, contaminación, residuos y perturbaciones importantes para la flora y fauna protegidas sobre todo por la cercanía del aeropuerto a la «Lobería», el lugar donde viven y se reproducen los lobos marinos protegidos. La producción y el transporte del combustible necesario para abastecer la aviación y la marina militar, a 1.000 km de las costas y en gran cantidad, plantea problemas en cuanto al medio ambiente y contradicen la resolución de «Cero Combustible» que había estado aprobada después de la catástrofe ecológica del naufragio del Jessica, justo enfrente del puerto Baquerizo Moreno en 2001. ¡Más de 240.000 galones de combustible se habían vertido al mar!

Esa militarización de las Galápagos representa un riesgo real tanto para la reserva marina protegida de importancia mundial como para el derecho de las poblaciones locales a vivir en un ambiente sano y apacible. Por todo eso, se produce la exigencia actual de comparecencia del ministro de Defensa y de Ambiente ante la Asamblea Nacional para que se informe sobre esos acuerdos secretos y sus impactos reales sobre el ambiente y los seres humanos.

 Segundo pretexto: la lucha antidroga.

Según el general retirado Carlo Montayo, «es necesaria la cooperación con Estados Unidos ya que disponen de capacidades operacionales para afrontar el crimen organizado y el narcotráfico y, por lo tanto, la ampliación del aeropuerto de la Isla de San Cristóbal responde a las necesidades nacionales y no estadounidenses». La ocupación militar de las Galápagos permitiría combatir mejor los tráficos mafiosos que utilizan las rutas del océano Pacífico para transportar droga en barcos rápidos y sofisticados o en pequeños aviones.

Ciertamente millones de consumidores de drogas mueren anualmente. El problema es enorme. Pero Estados Unidos tiene una visión represiva y restrictiva, focalizada ante todo en la supresión de la oferta en los países del Sur y sobre la lucha contra esa plaga al exterior de sus fronteras, lo que se ha revelado ineficaz hasta el presente. No parece que tengan en cuenta la importancia de una política de salud pública y de educación interna en su propio país, ante públicos potencialmente consumidores o de usuarios y usuarias ya dependientes. Estos y estas drogodependientes ya eran 27 millones en 2016 en Estados Unidos y esa cifra no deja de aumentar. Los consumidores tienen, a veces, un alto poder adquisitivo, ¡listos para pagar sumas enormes para aprovisionarse de drogas! ¿De qué sirve, por lo tanto, reprimir únicamente los pequeños productores y vendedores, la oferta, si del otro lado la demanda no cesa de aumentar y reforzarse? Según los autores de ese artículo, son necesarias medidas, al mismo tiempo, en los países productores y en los países consumidores de drogas. Es necesaria una política integrada de lucha contra la droga que sea, a la vez, nacional e internacional, a la vez preventiva, curativa y represiva. No sirve para nada reprimir violentamente los pequeños productores, a menudo también víctimas, si no se llega a los capos. Apoyar al pequeño productor/productora que quiere reorientarse hacia cultivos alternativos más sanos para salirse de los circuitos de la droga, pero pudiendo sobrevivir, es más eficaz que criminalizarlo/la y castigarlo/la sin proponerles soluciones para salir de la miseria y el desempleo. La Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 emitió unas interesantes recomendaciones sobre este tema.

El discurso de la lucha contra el narcotráfico fue, con frecuencia, un pretexto usado por las autoridades estadounidenses para reforzar su posición de control, de dominación geoestratégica de América del Sur.

Después de la caída del muro de Berlín y de la Unión Soviética, el peligro comunista en América Latina fue reemplazado por la lucha contra la droga y, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos, por el combate internacional contra el terrorismo. El foco sobre esos problemas de seguridad nacional y mundial vuelven más legítima, ante las poblaciones, la omnipresencia policial y militar, nacional e internacional. Ese discurso tuvo consecuencias desastrosas en México y en Colombia, donde se justificaron asesinatos, desplazamientos forzosos, desaparecidos, torturados… una escalada de violencia sin precedentes.

 Tercer pretexto: la necesidad de una militarización y de una política de seguridad nacional, combinada a intervenciones u ocupaciones militares estadounidenses para restablecer la seguridad.

La utilidad de las bases militares estadounidenses en América Latina y en otros lados para restablecer el orden y luchar contra la inseguridad y la violencia está fuertemente cuestionada. Esa política nunca probó su eficacia. El caso de Colombia y de Afganistán ilustra claramente el fracaso de esa visión.

En Colombia, siete bases militares estadounidenses, y millones de dólares invertidos en el Plan Colombia en el año 2000, no consiguieron ni disminuir la producción de droga, ni prohibir el tráfico, ni restablecer el orden y la paz en el país. Por el contrario, el informe mundial de la ONU concerniente al tráfico de droga muestra que de 2016 a 2017 la producción de cocaína en Colombia había aumentado el 25%. ¡Es el país que representa más del 70% de la producción mundial de cocaína!

Lo mismo pasó en Afganistán, desde el atentado del 11 de septiembre y la ocupación del país por las fuerzas armadas estadounidenses y de la OTAN Organización del Tratado del Atlantico Norte
OTAN Este organismo asegura a los Estados europeos la protección militar de los Estados Unidos en caso de agresión, pero, sobre todo, ofrece a los Estados Unidos la supremacía en el bloque occidental. Los países de Europa Occidental aceptaron la integración de sus fuerzas armadas en un sistema de defensa puesto bajo el mando estadounidense, reconociendo de hecho la preponderancia de los Estados Unidos. Fue fundada en 1994 en Washington, y pasó a un segundo plano acabada la guerra fría. En el año 2002 se componía de 19 miembros: Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y el Reino Unido, a los que se sumaron Grecia y Turquía en 1952, la República Federal de Alemania en 1955 (sustituida por la Alemania unificada en 1990), España en 1982, Hungría, Polonia y la República Checa en 1999. , la producción y el tráfico de heroína no dejó de aumentar.

Ana Esther Ceceña, investigadora mexicana, piensa que, en realidad, Estados Unidos persiguen dos objetivos por medio de sus ocupaciones militares: «por una parte, garantizar el mantenimiento del capitalismo y la preeminencia estadounidense, por otra parte, tener el dominio sobre los recursos y riquezas del mundo como base material del funcionamiento del sistema que promueven, y conservar el poder».
En América Latina, asistimos a una desaparición progresiva de gobiernos progresistas, fuera de algunas excepciones, y finalmente de organismos regionales como UNASUR. Donald Trump, de nuevo presidente de Estados Unidos, entabló, durante su primer mandato, acuerdos militares con gobiernos netamente de derechas como el de Bolsonaro en Brasil, luego, con el Milei en Argentina, ahora con el de Noboa en Ecuador y también con el de Guatemala. La presencia militar no dejó de intensificarse como en Honduras (antes que la actual presidenta asumiera el poder), en Panamá, en Cuba (en Guantánamo), en Curaçao, en Perú, en Paraguay y, por supuesto, en Colombia. Las verdaderas amenazas que parece que quieren neutralizar mediante sus injerencias militares y sus potencias comerciales y financieras son (además de los grandes desastres naturales y humanos), los regímenes no alineados (de Cuba, de Venezuela y, desde 2022, de Colombia), el narcotráfico y China, Rusia e Irán que rivalizan con Estados Unidos y extienden progresivamente sus influencias en el mundo.

Es también lo que reconoce Raúl Capote Fernández, periodista cubano: «Estados Unidos buscan, ante todo, asegurar sus intereses hegemónicos extendiendo su presencia militar en la región. Quieren también consolidar un frente anti Maduro en Venezuela y dominar los inmensos y codiciados recursos naturales de los territorios sudamericanos».

 En conclusión, actualmente.

El Estado parece minimizar los impactos, sobre la tranquilidad de los ciudadanos y las ciudadanas, sobre el medio ambiente y sobre la soberanía nacional, que produce la presencia militar estadounidense en las Galápagos. El Estado parece mantener, con respecto a este tema, un cierto secreto y algunas contradicciones en sus discursos oficiales. Eso nos hace recordar, inevitablemente, las experiencias pasadas, durante la Segunda Guerra Mundial y más recientemente, en 1999, los malos recuerdos dejados por la base militar estadounidense en Manta. ¿Cuáles son los contenidos y el alcance de los acuerdos de cooperación firmados desde la presidencia de Moreno entre Estados Unidos y Ecuador? ¿Cuánto tiempo durará esta «ocupación militar»? ¿Cuál es el estatus legal del personal militar y civil destacados en Ecuador por Estados Unidos? El acuerdo sobre la base militar de Manta publicado el 25 de noviembre de 1999 concedía la inmunidad diplomática al personal estadounidense y a los ecuatorianos que de ellos dependían. En caso de detención de esas personas, era necesario, de forma inmediata, dirigirse a las autoridades estadounidenses y ponerlas lo más rápido posible en sus manos. Sobre esa base, algunos asesinatos y crímenes cometidos por esos soldados permanecieron impunes. ¿Los agentes estadounidenses y su personal se han beneficiado de esa misma impunidad en los nuevos acuerdos?

La Asamblea Nacional debe investigar, pronunciarse por una mayor transparencia, a pedido de diputados/das preocupados/as. Sin embargo, la Alianza de la derecha, que está en el poder actualmente en la Asamblea Nacional presidida por el morenista César Litardo, no ayuda a la clarificación. No obstante, es necesario que los acuerdos firmados entre Moreno y Estados Unidos sean finalmente conocidos y quizás eso lleve a desarrollar nuevas luchas sociales como las que lograron expulsar a los militares escandalosos de la base de Manta.

Esta vez, hay que defender también a las Galápagos como Patrimonio de la Humanidad, reconocido por la Unesco, reafirmar la Soberanía Nacional y reivindicar que América Latina permanezca como un territorio de paz, eso que la CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribe) afirma y de la cual Ecuador es miembro.

C) Diciembre de 2024 – Enero de 2025, acentuación de la controversia sobre la injerencia militar estadounidense en Ecuador ante las elecciones presidenciales

El gobierno de Noboa acaba de aceptar que las fuerzas armadas de Ecuador cedan el uso de las Galápagos al Comando Sur de Estados Unidos con el fin de instalar una base militar estadunidense.

Es lo que afirma el artículo: «Lo que se esconde detrás de la nueva base militar estadounidense en las Galápagos» escrito por Nicolás Hernández, publicado el 17 de diciembre de 2024 en la web de TeleSur completada en el mismo lugar por «Ecuador cede las Islas Galápagos para construir una base militar estadounidense»

El año 2025 comienza en tromba, con una intensificación de las instalaciones militares estadounidenses en las Galápagos, en la costa ecuatoriana, a pesar de una ola de protestas por las injerencias extranjeras que atentan contra la soberanía nacional, la integridad territorial y el no respeto de las cláusulas internacionales de protección del medio ambiente. Además, según la socióloga Natalia Serra, esta situación viola abiertamente el artículo 5 de la Constitución ecuatoriana que data de la presidencia de Correa, del año 2008. Está también en contradicción con el hecho de que el archipiélago de las Galápagos, como Patrimonio de la Humanidad reconocido por la Unesco, debe ser protegido desde un punto de vista ambiental y humano, puesto que no respeta la resolución 258 de la Constitución ecuatoriana que prohíbe cualquier actividad que amenaza el medio ambiente en las Galápagos. La activista ambientalista Cristina Cely declara que «las promesas de proteger el ecosistema frágil y valioso de las Galápagos son compromisos casi imposibles de cumplir como ya lo demostraron los daños importantes causados por las instalaciones militares precedentes y como lo prueba las alteraciones nocivas provocadas por las construcciones adicionales de infraestructuras militares (las ampliaciones y reformas de los puertos y aeropuertos locales)». Los transportes incesantes ya están perturbando la fauna y la flora. El peligroso aprovisionamiento de combustibles, prohibido por la resolución «cero combustible» desde la catástrofe petrolera del Jessica, está lejos de interrumpirse.

Noboa había tratado de suprimir, en vano, ese artículo 5 mediante reformas constitucionales que la Asamblea Nacional rechazó. El artículo 5 se ha convertido en un obstáculo para Noboa con respecto a los numerosos tratados de cooperación militar firmados entre Ecuador y Estados Unidos. Esos documentos habían sido aprobados, más o menos secretamente, desde la presidencia de Moreno hasta que Noboa los confirmó con su firma el 15 de febrero de 2024. Noboa validó, especialmente, el «Proyecto de seguridad integral de la región insular» y sin consultar a las comunidades locales, aceptó el Consejo del Gobierno de Régimen especial de las Galápagos el 10 de diciembre de 2024.

A pesar del artículo 5, la militarización estadounidense prosiguió, con el aval, además, de la Corte Constitucional ecuatoriana que reconoció la validez del acuerdo SOFA, firmado en 2023 por Guillermo Lasso y confirmado en 2024 por Daniel Noboa. El SOFA, Status Of Forces Agreement [3], es un acuerdo sobre el estatus de las fuerzas armadas, que fue oficializado el 10 de diciembre de 2024, y que autoriza el despliegue de barcos, submarinos (¿nucleares?) y personal militar en el archipiélago de las Galápagos (y , de hecho, en todo el territorio ecuatoriano).

Para el sociólogo mexicano-ecuatoriano Miguel Ruiz Acosta, este tratado significa que Ecuador renuncia a ejercer su soberanía plena en ámbitos sensibles como la seguridad y la integridad nacional. Ruiz Acosta establece la relación entre el grave incidente diplomático producido en diciembre de 2024 cuando un opositor político, Jorge Glas, pidió asilo y se refugió en la embajada de México en Ecuador, y bajo la orden del presidente Noboa, la policía entró en la embajada mexicana y fue brutalmente arrestado. «Una acción como esa es difícilmente realizable sin el apoyo de Estados Unidos» y el ex vicecanciller Fernando Yépez la calificó en las redes sociales como prueba de «sumisión colonial».

La justificación dada por todo ese despliegue militar extranjero es la lucha contra el narcotráfico, contra la pesca ilegal y contra otras actividades ilícitas en la región. Pero la localización y el contexto geoestratégico mundial, no deja ninguna duda sobre las razones de la imposición de esta pérdida de soberanía del gobierno ecuatoriano con respecto a Estados Unidos. Al igual que la precedente ocupación militar de Manta permitió a los soldados estadounidenses cumplir misiones terrestres y aéreas, coordinadas por el Plan Colombia. Durante esos diez años de ocupación a partir de 1999, el narcotráfico no hizo más que aumentar y el porcentaje de homicidios que era de 13,55 cada 100.000 habitantes en 1999, había subido hasta 17,74 cada 100.000 habitantes, con 21 abordajes de barcos o de sabotajes de embarcaciones que transportaban, a veces, migrantes que buscaban alcanzar Centroamérica y después Estados Unidos.

Todos los asesinatos de los que se habla no son posibles sin armas, precisa Hugo Idrovo, un escritor ecuatoriano, en su artículo «La Estrategia del Teatro», aunque el Ecuador no es un productor de armas, así que deben llegar de algún lado. El aumento pavoroso de arrestado. «Una acción como esa es difícilmente realizable sin el apoyo de Estados Unidos» y el ex vicecanciller Fernando Yépez la calificó en las redes sociales como prueba de «sumisión colonial».
homicidios en estos últimos años va a la par de la repentina inundación de armas extranjeras en el mercado del país (de las que muchas provendrían de Estados Unidos). Hugo Idrovo notó una estrategia similar en otros países. Este autor habla de los escollos del Plan Colombia, de la guerra sucia en Nicaragua contra los sandinistas o la Dark Alliance que fue denunciada por el periodista Gary Web antes de ser asesinado. También se refiere a la Operación Libertad duradera en Afganistán y todas las derivas de ocupaciones estadounidenses que, cada vez, agravan las situaciones de violencia, inestabilidad, conflictos internos y finalmente refuerzan a «enemigos designados» (los comunistas, los mafiosos de la droga y del crimen organizado, los grupos islámicos fanáticos o los terroristas). Todos esos grupos que pretendieron combatir, al mismo tiempo que consolidaban el control de Estados Unidos sobre regiones estratégicas y ricas en recursos naturales. Se trata: 1. Instaurar un clima de violencia, de miedo y de guerra permanente. 2. Aprovisionar en armas y en drogas. 3. Desestabilizar los gobiernos nacionales. 4. Persuadirlos que una ocupación militar extranjera es necesaria para restablecer el orden y la paz. 5. Controlar, de esa forma, los territorios estratégicos y mantener el dominio sobre sus recursos naturales claves.

Hugo Idrovo habla también de la obediencia de los contingentes militares, desplegados en Ecuador, «al Comando Sur y al Departamento de Defensa de Estados Unidos», cuya misión es la de controlar América Latina y el Caribe política y militarmente, de estar preparados para las maniobras de apoyo a los aliados o para combatir los regímenes «antiestadounidenses», trabajando a la par con las instituciones federales estadounidenses (las aduanas, la seguridad, el organismo oficial que controla las drogas, las migraciones, el FBI y la CIA)».

Hay 750 bases militares de Estados Unidos en cerca de 80 países en 5 continentes y 200.000 soldados en 159 países

Actualmente, hay 750 bases militares de Estados Unidos en cerca de 80 países en 5 continentes y 200.000 soldados en 159 países, según David Vine, profesor en la Universidad Americana de Washington. Hugo Idrovo precisa que los ejércitos estadounidenses están principalmente implantados en Oriente Próximo y el Golfo Pérsico donde se encuentran los principales yacimientos de petróleo. «En América Latina, Estados Unidos instaló 7 bases en Colombia, desde el Plan Colombia de 1999, plan que se suponía que ayudaría al Estado colombiano a su lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado». Estas calamidades, por el contrario, no dejaron de reforzarse desde de la llegada de los soldados estadounidenses con una acentuación en la inseguridad, en la desigualdad, en la miseria y en la corrupción como telón de fondo. En Ecuador, esas medidas hipersecuritarias y represivas para frenar el tráfico de drogas y la criminalidad tienen el nombre de Plan Fénix, aplicado por el presidente Noboa con vigor sin que la seguridad esté de vuelta, todo lo contrario. Para el escritor, se trata también que los contingentes estadounidenses supervisen de cerca la República bolivariana de Venezuela, la mayor reserva en hidrocarburos del mundo y el Canal de Panamá por el que transitan numerosos navíos comerciales y militares.

Según INDEPAZ (Instituto por el Desarrollo y la Paz) Estados Unidos está planificando la construcción, sobre las islas del Pacífico (por lo tanto, también las Galápagos) hasta el Caribe, estaciones navales militares estadounidenses con radares que conformarían un «Corredor biológico» (CMAR Pacífico).

Un acuerdo fue firmado por Noboa el 15 de febrero de 2024 con Washington que concedió privilegios y exenciones al personal militar y civil del Departamento de Defensa de Estados Unidos y a sus subordinados, por lo tanto, una inmunidad jurídica parecida a la de los diplomáticos en misión, según la Convención de Viena. Este acuerdo expone al país a una pérdida de soberanía y a nuevas derivaciones y abusos posibles, a nuevos conflictos legales.

El ex vicecanciller Fernando Yépez declaró que la Asamblea Nacional debe exigir investigaciones y rendición de responsabilidades por esos acuerdos de cooperación sobre seguridad, que «reflejan la sumisión vergonzosa de la política exterior ecuatoriana a los intereses estadounidenses…», «un apoderamiento imperialista estadounidense sobre un territorio importante desde el punto de vista de sus recursos naturales».

Pero para Andrés Arauz, ex candidato correísta a las elecciones presidenciales, desgraciadamente ya no tiene ninguna utilidad debatir en la Asamblea Nacional sobre la inconstitucionalidad de esos acuerdos ya que la Corte Constitucional reconoció la validez del SOFA. En una entrevista en el medio de comunicación INGO.EC. el 29 de noviembre de 2024, titulada «Noboa libró el país a Estados Unidos», se refiere a la gravedad de la aprobación del Status Of Forces Agreement por el presidente Noboa. «Ese acuerdo permite a los soldados estadounidenses poder entrar en Ecuador sin pasaporte y les otorga una total libertad de movimiento por todo el territorio. Estos soldados pueden importar armas sin informar a las aduanas, sin licencia. Pueden, gratuitamente, recibir o interferir sobre cualquier comunicación radio eléctrica del país. Navíos, tropas, aviones, submarinos estadounidenses pueden penetrar y establecerse en todo el país… tanto los soldados como los civiles del Pentágono gozan de una inmunidad especial…». Este acuerdo SOFA unilateral viola muchos de los principios pero, desde 2018, lo que autoriza estaba, de hecho, ya puesto en marcha en San Cristóbal de las Galápagos, en las ciudades costeras de Manta, Guayaquil, en la isla de Baltra donde se observaban actividades militares extranjeras. Los «estadounidenses» ya tomaban fotografías satelitales que los gobiernos ecuatorianos siguen sin poder consultar…

¿Y, acaso, eso permitió una reducción de la violencia, una disminución del narcotráfico?

Como Hugo Idrovo, Andrés Arauz explica que la Base Militar estadounidense no se instala para combatir el narcotráfico, sino que responde a «los sucios intereses» de Estados Unidos, en preparación para una tercera guerra mundial, como estrategia de control en la zona del Pacífico, contra las influencias enemigas, rusas y chinas o de otros países no alineados. Arauz compara la actualidad con las experiencias dolorosas del pasado, cuando la Base Militar de Baltra (o Isla Seymour Sur) había servido a los intereses geoestratégicos estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial.

¿Las elecciones presidenciales de febrero de 2025 podrán tener todavía algún impacto en ese impresionante despliegue militar estadounidense sobre el territorio soberano de Ecuador?